Hoy hemos conocido vía El País que los más de 20 millones de usuarios de telefonía móvil con tarjeta prepago (casi el 42% del total), tienen dos años para facilitar sus datos a su operadora de telefonía móvil, mediante presencia física, ya que en caso contrario se quedarán sin línea.

Una cuestión que es contemplada directamente por la ley de Comunicaciones Electrónicas que entra en vigor el 8 de noviembre.

De esta forma, los usuarios tendrán que acudir directamente a cualquier centro o distribuidor asociado a su compañía de telefonía móvil, y registrarse con su nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación y su naturaleza (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas el número de identificación fiscal.

Normativa a través de la que, como iremos viendo con el paso de los días, las operadoras aprovecharán para incitar al usuario a pasarse a contrato, mediante suculentas ofertas.

Pero, ¿qué sucede con esos datos?

Las operadoras sólo podrán utilizarlos salvo expreso deseo y permiso de los usuarios, o bien si las propias autoridades pertinentes así lo solicitan, de tal manera que, si los clientes lo desean, la compañía puede ponerse en contacto con ellos para informarles acerca de promociones u ofertas.

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